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Prisión provisional para J.L.G., natural de Medina de Rioseco, ex agente de Bankinter de Cangas de Onís (Asturias), acusado de haber estafado a un total de 52 clientes una cantidad cercana de 1,4 millones de euros, según la propia declaración del imputado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Changas de Onís ha ordenado mantener la prisión provisional al entender que existe riesgo de fuga pero también para evitar que pueda destruir pruebas u ocultar bienes o dinero que pueda proveer de las prácticas de las que se le acusa, según afirma el correo.es
Los hechos se remontan muchos meses atrás, cuando el ex agente de Bankinter comenzó a operar con dinero ajeno cuando conoció que varios de sus clientes se vieron afectados por el caso Forum Filatélico. Quiso resarcir a los damnificados, para lo que comenzó a operar supuestamente con dinero de otros clientes y sin su permiso, muchos de ellos conocidos e incluso amigos.
El riosecano, afincado desde hace años en la localidad asturiana, movía el dinero confiado por los clientes, e incluso llegó contratar préstamos por internet sin la autorización de los titulares. Está acusado de un delito continuado de apropiación indebida, estafa, falsedad documental y usurpación de la identidad, delitos castigados con penas que superan, incluso en su mínima extensión, los dos años de prisión.
El pasado 14 de febrero, el juez de Primera Instancia decretó su prisión en la cárcel de Villabona de forma provisional y sin fianza ya que “existen bastantes motivos para entender que se han producido por parte del imputado de varios delitos”. J.L.G. colaboró en todo momento con los agentes, facilitándolos todo tipo de documentación, extractos y relatando con todo lujo de detalles los movimientos, que podrían haberse iniciado en 2009.
A pesar del supuesto fraude, el acusado declara no haberse lucrado y estar “totalmente arruinado”. De hecho posee dos vehículos de cinco y ocho años de antigüedad, un local hipotecado en la localidad asturiana de Llanes y varias cuentas bancarias, en las que se refleja un saldo negativo de hasta 100.000 euros.
El juez que instruye el auto, Santiago Veiga Martínez, desestiman la solicitud de puesta en libertad presentada por la defensa el pasado 27 de febrero, ya que entiende como evidente “el riesgo de fuga” y que la investigación “podría verse frustrada” si el imputado estuviera en libertad, según recoge elcorreo.es.
Las irregularidades cometidas por el causado saltaron a la luz el pasado 25 de enero, cuando la entidad bancaria se reunió con los afectados para informarles de lo que estaba ocurriendo. Muchos de los afectados, algunos amigos del propio J.J.G., han iniciado acciones legales contra la propia entidad bancaria.